Turismo y cultura en Ciudad Real

Los barrios de Ciudad Real

Proceso de destrucción urbana

Ante la escasez de viviendas tras la guerra civil, la iniciativa pública intentó acomodar, en el centro, a los funcionarios, constituyendo bloques para los del Ayuntamiento, Diputación, Hacienda, en calles como Mata, Audiencia, Ruiz Morote, Plaza de la Provincia; sin olvidar a las fuerzas armadas. Para chabolistas, el régimen construyó dos barrios, el del «Pilar» o de Jacobo Roldán, que surge en la carretera de Daimiel y el del «Padre Ayala», al norte de la Plaza de Toros. La Obra Sindical del Hogar construyó fuera de rondas, dos barrios en la parte oeste, uno de planta baja, llamado de «Santa María» (o de la Hormiga); y el otro, de cuatro plantas, conocido como «Lope de Vega»; en la recién creada calle de Rey Santo, la O.S.H. levantó seis bloques, de esta forma, dicho organismo, habría construido un total de 700 viviendas.

Desde finales de los años cincuenta a mediados de los sesenta nos aparecen los dos barrios más prototipos del proceso suburbano de aquellos años, nos referimos al construido junto al de «Lope de Vega», pero en esta ocasión llevado a cabo por un ferroviario que se amparaba bajó el ampuloso nombre social de «Cooperativa de la Hermandad Ferroviaria de Acción Católica», que dio lugar al barrio de «Pío XII», cuenta con un total de 600 viviendas, en bloques de cuatro plantas. La otra zona suburbana, conocida como los «Angeles fue llevada a cabo por un constructor llamado Barrios, en la calle o paseo de Carlos Eraña, al sur de la ciudad, obteniendo licencia para 900 viviendas «subvencionadas», las de este tipo predominaron en todos los barrios. No podemos olvidar, los bloques construidos por la empresa foránea Záfer, S. A., con más de 400 viviendas en la Ronda de Ciruela. En viviendas de renta libre quien destacó en primer lugar fue Mesta, S. A. Junto al proceso constructivo hemos de citar el planeamiento urbano llevado a cabo a través de los planes de ordenación urbana, el primero de ellos se aprobó definitivamente en 1963, dicho Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Real pretendía legalizar todos los barrios que habían ido surgiendo desde la década del veinte. Anunciaba la creación de 61 hectáreas de superficie industrial que iba a provocar, según sus redactores, un fuerte incremento demográfico, que se concretaba en 92.000 habitantes en 1975, dicho suelo, que no se llegó a realizar, no era más que la justificación a una destrucción galopante de la ciudad, donde las infracciones y los retranqueamientos lograron un gravísimo deterioro urbano.

Tras la aprobación del Plan General se iniciaron los trámites para realizar un Plan Parcial, conocido como de la «Granja», donde se preveía construir con cargo al I.N.V. más de 600 viviendas, fuera de la ronda, en la parte este de la ciudad; pero la iniciativa quedó frenada al operarse a mediados de los sesenta, un cambio en la alcaldía, que proponía la «revisión del Plan de 1963». Las principales modificaciones consistían en extender la zona de desarrollo industrial a las dos carreteras que comunicaban con Toledo y Madrid, que fueron donde realmente surgieron las industrias (en la primera) y talleres (en la segunda); se prohibió la construcción de viviendas fuera de rondas, debido a que el nuevo Ciudad Real se estaba construyendo en la periferia, mientras el originario se encontraba intacto; por este motivo, el Polígono Residencial de la Granja, en lugar de construirse fuera de rondas se trasladaría dentro, al tiempo que fuera de rondas, donde estaba pensado el complejo residencial se programaría una zona «educacional y deportiva», donde aparecerían junto a un polideportivo, una serie de construcciones, la mayor parte de ellas dedicadas a enseñanza, tanto no universitaria como universitaria, en el correr de los años.

El primer quinquenio de la década del setenta estuvo dedicado a la aprobación del «Plan Parcial de Remodelación del Casco Actual», pero desde 1970 que se remitió al Ministerio de la Vivienda no fue aprobado definitivamente hasta 1974; durante estos años acontecieron dos hechos que estuvieron muy vinculados con la remodelación del casco actual: la construcción del nuevo Ayuntamiento y la creación del Polígono Torreón del Alcázar.

Una vez derribado el antiguo edificio del Ayuntamiento, un siglo después de su construcción, la corporación aprueba en marzo de 1969 que el nuevo se construirá en el mismo lugar, de estilo castellano, y armonizando con la Plaza; dicho acuerdo no se respetó al habérsele encargado, fuera de concurso, un proyecto al arquitecto don Fernando Higueras, éste en lugar de utilizar el revoco color barquillo que caracterizaba a la misma, introdujo el hormigón blanco, por lo que obligaba, a partir de ese momento, a adoptar el mismo lenguaje arquitectónico en los futuros edificios, rompiendo la posible uniformidad existente. Ante la polémica suscitada, la alcaldía solicitó en 1972 que las instituciones se manifestaran, vertiéndose opiniones contrapuestas, sin olvidar las procedentes de la propia ciudadanía. Los que se oponían indicaban que sí se tenía que aprobar ese edificio, se debía levantar en un lugar distinto o por el contrario pensar en otro proyecto más acorde con la plaza; pero al final la corporación aprobó por amplia mayoría lo que ha sido el gran desafuero urbanístico de esta ciudad. Los años han demostrado la inviabilidad de hacer toda la plaza igual, pues sólo lo han seguido dos edificios, que por otra parte le restan «singularidad» al Ayuntamiento, lo más conveniente sería desmochar ambas fachadas. Respecto a las futuras construcciones, se ha tenido que aprobar en los últimos años, con buen acierto, dar libertad de construcción siempre y cuando se acojan a las normas volumétricas establecidas, respetando por supuesto los soportales, que caracterizan a la plaza.

El expediente de expropiación del Polígono del Torreón del Alcázar fue publicado en diciembre de 1970, afectando a 142 edificios, que daban albergue a 1.436 personas o lo que es lo mismo a 367 familias de origen muy modesto; el proyecto de desalojo se llevó a cabo entre el Ministerio de la Vivienda y el propio Ayuntamiento, con la promesa, por parte de ambos, de volver a construir en ese mismo lugar «viendas auténticamente sociales», para facilitarles la vuelta. Pero lo cierto es que la misma corporación, tres años después, aprobaba un «Plan Parcial de Ordenación del Polígono del Torreón del Alcázar», que nada tenía que ver con lo prometido. Hoy, ciertamente, el Torreón es la zona más agradable de la ciudad, pero no podemos olvidar que para ello se expulsó a los que allí vivían, buscándoles acomodo en dos zonas periféricas: al este del barrio del Pilar, en viviendas prefabricadas y al sur del cuartel de artillería. Las primeras licencias de construcción, a comienzos de los ochenta, se concedieron a la llamada «Cooperativa de Viviendas del Magisterio Manchego»...

En este ambiente de continuas arbitrariedades se aprobó, definitivamente, lo que debía ser el «Plan Parcial de Remodelación del Casco Actual (dentro de rondas)» en 1974, cuando no sólo se había permitido el deterioro de la Plaza Mayor, sino que también se rompió la armonía de las plazas del Pilar y de Cervantes, al levantar desmesuradas torres. Lo más curioso de este Plan es que aún sigue hablando de los 92.000 habitantes para 1975... lo que nos indica que el único fin real del mismo era construir de forma galopante, destruyendo.

En aplicación de la nueva Ley del Suelo de 1975 se hizo necesario adaptar dicha Ley a una nueva norma urbanística local, para ello se aprobaría en 1978, lo que sería el segundo «Plan General Municipal de Ordenación Urbana». Siguiendo la tónica anterior, la actual proyección demográfica anuncia para 1988 una población de 87.000 habitantes, un nuevo error o una nueva mala intención, para proteger la especulación, sobre todo cuando se constata, en el mismo «el extraordinario desarrollo urbanístico habido en el Término Municipal durante los últimos diez años, como consecuencia de la creciente demanda de suelo residencial, industrial y de servicios, producida principalmente por el incremento de la población». La obsesión de este plan vuelve a ser la misma que los anteriores, el incremento de suelo industrial; pero el MOPU no se dejó engañar, en esta ocasión, de las «excelentes expectativas» de industrialización de las que hablaban sus promotores.

Planeamiento urbano consensuado

Tras las primeras elecciones democráticas municipales, celebradas en 1979, la corporación debía haber revisado el Plan de Ordenación Urbana vigente, en 1982, tal como obligaba el artículo 48 de la Ley del Suelo de 1975; pero dicho debate se postergó hasta 1985. El análisis que se hizo del mismo fue el de aceptar que las líneas generales no se habían cumplido, por estar basado en estudios erróneamente interpretados. A partir de ese momento, desde la corporación municipal se inició una serie de consultas, dando cauce a la participación ciudadana, organizada en barrios, así como a las asociaciones profesionales y a los particulares. En abril de 1987 se aprobaba en el Ayuntamiento la revisión del Plan, con la unanimidad de los grupos políticos, quedando a la espera de la definitiva aprobación que se efectuó en marzo de 1988. Lo primero que puede definir a esta Revisión del Plan General es haber sido el resultado del consenso ciudadano y político, lo cual ya es importante. Otro aspecto destacable es que por primera vez se ofrecen proyecciones demográficas que se ajustan a la realidad, para el año 2000, se prevé un máximo de 74.137 habitantes.

La clasificación del suelo propuesto en la revisión supone un incremento considerable del suelo urbano y del suelo no urbanizable, mientras que se reduce el suelo urbanizable, tanto el programado como el no programado. El suelo urbano viene delimitado en siete zonas donde se ve claramente el incremento operado, siendo los más beneficiados el suelo residencial, el de servicios, el dedicado a espacios verdes y por último el industrial y de tolerancia industrial.

Las ofertas más destacables son la potenciación de las viviendas unifámiliares, dentro y fuera de rondas, un ejemplo de las primeras ha sido la construcción de chalets adosados en la parte más occidental del núcleo urbano, tal es el caso de distintas urbanizaciones como «Los Girasoles», «Las Acacias», «Ciudad Jardín-oeste», así como la barriada de «San Martín Porres», sin olvidar, pero ya en este caso en bloques, la barriada «La Granja»; las tres primeras urbanizaciones están dirigidas a población media-alta (profesionales), mientras que las dos restantes barriadas están ocupadas por económicamente débiles. En el carreterín de La Atalaya se mezclan los chalets adosados con los bloques, en lo que genéricamente podríamos denominar el barrio de la «Puerta de Toledo».

La revisión del Plan en 1988 supuso la reducción de la altura de los edificios, la protección del patrimonio edificable, mediante la rehabilitación, la consolidación de zonas verdes en las distintas entradas, sin olvidar la mejora experimentada en el Parque de Gasset. Junto a estos aspectos se encuentra la creación de una segunda ronda, el desvío entre la carretera de Puertollano y la de Daimiel; y la mejora de los servicios infraestructurales referentes a alcantarillado, depuradora y residuos. El Plan viene acompañado de la intención de llevar a cabo cinco Planes Especiales de Reforma Interior.

Señaladas las medidas más importantes en el suelo urbano, indicaremos que los suelos urbanizables programados previstos para viviendas unifamiliares están teniendo un rápido desarrollo. La gestión del Plan General está logrando con las modificaciones necesarias asumir unos cambios profundos como consecuencia de las grandes infraestructuras (ferrocarril y carreteras) y de los grandes servicios (campus universitario, polígono industrial con industrias de almacenamiento y dos superficies comerciales periféricas), adecuando el planeamiento a la realidad social y económica. Respecto al suelo no urbanizable afirmaremos con Moyano que «Se echa en falta, sin embargo, un último esfuerzo por coordinar el planeamiento con el municipio limítrofe de Miguelturra, al que le unen problemas de bordes comunes, y que hubieran sentado las bases de una provechosa colaboración, que no tendrá más remedio que producirse en el futuro».

CIUDAD REAL SUS BARRIOS Y LOS CAMBIOS URBANÍSTICOS

Cuando se aprobó definitivamente la revisión del Plan en 1988 no existía el AVE ni tampoco se había iniciado el nuevo Campus Universitario, tanto uno como otro van a ejercer un importante impulso en el desarrollo de la ciudad. El tren de alta velocidad hace accesible a esta ciudad en algo menos de una hora con Madrid y Córdoba y en menos de dos horas con Sevilla, con ágiles comunicaciones diarias. El Campus ha visto construirse en los últimos años edificios para centros de enseñanza, investigación y residencias para estudiantes. En el momento actual la ciudad cuenta con 5.310 estudiantes de primer y segundo ciclo, sin contar con los doctorandos, que se distribuyen de la siguiente forma: en Facultades, de Letras (683 alumnos), de Químicas (447 alumnos); en Escuelas Universitarias, de Informática (675 alumnos), de Ingeniería Técnica Agrícola (499 alumnos), del Profesorado de E.G.B. (497 alumnos), de Enfermería (226 alumnos); y en Centros pertenecientes a un Patronato público, Licenciatura en Derecho (796 alumnos), Licenciatura en Empresa (736 alumnos) y Diplomatura en Relaciones Laborales (751 alumnos).

En dos recientes publicaciones se valora la nueva Ley 8/1990 sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoración del Suelo y su influencia futura en la ciudad por parte de dos arquitectos que se encuentran, técnica y políticamente comprometidos con su desarrollo, nos referimos a Moyano y a Peris, respectivamente. La Ley tiene como principal objetivo el combatir la especulación del suelo, con mecanismos de difícil aplicación ya que se han demostrado ineficaces, hasta ahora... Entre las propuestas de futuro se destacan: relacionar las demandas de suelo industrial.

Nueva estación del AVE. con las nuevas infraestructuras de transporte; ser conscientes de los cambios que se están operando en la realidad social y en la dinámica vital de la ciudad por efecto del Campus; construir con calidad arquitectónica y urbanística, tanto en el centro como en los barrios y zonas deprimidas; sin olvidar la conexión urbana con Miguelturra, así como el desarrollo meridional de la ciudad al haber desaparecido la vieja estación de trenes.

CAMBIOS EN LA PROPIEDAD Y EN EL VALOR DEL SUELO URBANO

La ciudad ha ido recibiendo a lo largo de su existencia una serie de contenidos urbanos que iban dejando la huella de cada momento histórico, podían servir múltiples ejemplos que relatábamos en el apartado anterior; la Plaza Mayor es un elemento característico de una época que se puede deteriorar sino se sabe respetar, como ha ocurrido; pero lo importante en la ciudad no son sólo las grandes plazas, los grandes edificios... cualquier calle nos puede sorprender por su armonía, hoy deteriorada por los retranqueamientos y las alturas desiguales, o también nos pueden ofrecer, en pocos metros, edificios con lenguajes arquitectónicos de épocas distintas, un ejemplo, ya incompleto de lo que hubiera sido un siglo de arquitectura lo podíamos haber encontrado en el cruce de las calles de Alarcos y Postas, dado que allí hemos visto concentrarse el edificio de ladrillo visto del Seminario, característico de la transición del siglo XIX al XX; en segundo lugar, el racionalismo de la república nos ha dejado el edificio de «la emisora»; en tercer lugar, se encuentra un claro exponente del culturalismo de los años de la autarquía, en el inmueble de Sanidad, v por último, el funcionalismo ha dejado su impronta en las construcciones de las delegaciones de Ministerios y de los Sindicatos.

Todos los ejemplos citados son los que de alguna manera, por encontrarse visibles, nos ayudan a entender la ciudad como acumuladora de contenidos; pero existen otros elementos, que aunque están invisibles en la morfología urbana, al investigarlos nos aportan una luz especial, porque la ciudad es en cada momento lo que quiefen sus clases dominantes o dirigentes.

La ciudad estamental

Tanto cronológica como cualitativamente, el Catastro del Marqués de la Ensenada es la fuente más importante para el estudio de la propiedad y del valor del suelo a mediados del siglo XVIII (1751). A pesar de no haber estado contabilizadas las propiedades de cuatro conventos (Santo Domingo, San Francisco, Carmelitas descalzos y Mercedarios), hemos concentrado el total de reales de vellón pertenecientes a construcciones y suelo urbano y en segundo lugar a comercio; del primer grupo se ha obtenido el siguiente resultado: los propietarios privados o civiles concentran el 87,9 por 100 de la riqueza, le siguen la Iglesia con el 10,2 por 100 y en tercer lugar, los poderes públicos con el 1,9 por 100. Si nos fijamos ahora en los valores aportados por los inmuebles comerciales, las proporciones cambian: la propiedad privada controla el 53,4 por 100, la Iglesia el 35,5 por 100 y el poder público, el 11,1 por 100. No cabe duda que la amplia propiedad civil es mayoritaria, pero también hay que entender que desigual, ya que mientras que el 85,4 por 100, sobre el total de las mismas suman un valor de un 65,2 por 100, por el contrario, existen un 4,3 por 100 de propiedades que triplican su valor, al ofrecer un 15,4 por 100 de riqueza.

Todo lo indicado hasta ahora nos posibilita para poder conocer a la oligarquía que controla, en función del valor, el mayor número de propiedades urbanas. En segundo lugar, se encuentra el Cabildo Eclesiástico con un total de 9.486 reales de vellón; en tercer lugar, el Convento de religiosas Franciscanas con 3.092 reales; le siguen una serie de propietarios civiles pertenecientes al «estado hijodalgo», tales como don Francisco Bustillo Zaballos con 2.535 reales; don Alvaro Muñoz y Torres con 2.067 reales; don José Velarde y Muñoz con 2.040 reales, y con más de 1.500 reales están don Francisco Treviño Calderón de la Barca, doña María Catalina de Torres, don Vicente Crespi Mendoza y don Pedro Treviño y Baíllo, Marqués de Casa Treviño.

El centro urbano, tanto histórico como económico y social, en función de los mayores valores del suelo se concentran en los siguientes puntos de la ciudad: en primer lugar, la Plaza Mayor, y continuando la jerarquía, aparecen las calles de Feria, Boticas o María Cristina y Cuchillería. Al mismo tiempo se puede afirmar que el Barrio de San Pedro es el que obtiene el precio medio más elevado de la ciudad, mientras que los otros dos (Santa María y Santiago) no ofrecen diferencia destacable.

Desplazamiento de la propiedad y del centro urbano

Un breve decreto del Gobierno de 1820 venía a suprimir todos los conventos, especialmente de religiosos, que no superaran los 24 profesos. Por este motivo en Ciudad Real desaparecieron los cinco que existían, permaneciendo tres conventos de religiosas (Franciscanas, Dominicas y Carmelitas). Los dos primeros conventos en integrarse a los Bienes Nacionales fueron el de Santo Domingo, por encontrarse en ruinas y el de San Juan de Dios que servía de Hospital; los otros tres, el de Franciscanos, Mercenarios y Carmelitas, deshabilitados en junio de 1821, tuvieron que esperar la Ley de Mendizábal de 1836 para pasar a formar parte del listado de bienes en venta. En nuestra ciudad sólo salió a subasta el de los religiosos Carmelitas, varias veces durante la década del cuarenta, sin llegar a confirmarse; aunque sí se llevó a efecto, la subasta de casas pertenecientes a los conventos.

Los cinco conventos tuvieron distintos destinos o cambios de función: el de Carmelitas fue primero Hospital Provincial y luego Manicomio; el de los Mercedarios ha sido desde entonces el primer Instituto de Segunda Enseñanza; el de los Franciscanos, tras cambios muy rápidos, pasó a ser Hospicio; los dos siguientes, en la actualidad convertidos en bloques de viviendas para funcionarios del Ayuntamiento y de la Diputación se encuentran en las calles de la Mata y de Ruiz Morote, respectivamente, el primero (Santo Domingo), ahora se enencuentra nuevamente en construcción, estaba en ruinas cuando el proceso desamortizador; mientras que el segundo (San Juan de Dios), fue utilizado para Escuela Nacional de Maestros. No podemos negar que la desamortización benefició a la ciudad, pues al no haber sido subastados, se pudo contar con un equipamiento educativo y sanitario importante. La desamortización municipal de 1851 y la civil de 1855, que hemos estudiado, en la obra sobre la Geografía urbana de Ciudad Real, no tuvieron incidencia importante en la ciudad, a excepción de algunas casas pertenecientes a los conventos y de algunas tierras.

Con la pérdida de poder de una parte influyente de la clase estamental (Iglesia) por efecto del resultado de la desamortización, pasaremos a conocer la situación del resto, para ello ofreceremos una fuente de indudable interés, la Relación de Utilidades Urbanas, cuyo listado data de 1841, donde obtendremos el listado completo de todos los propietarios del municipio. Del mismo se desprende una desigualdad mayor, dado que si durante el siglo anterior, el 4,3 por 100 de las propiedades ofrecían un valor de un 15,4 por 100, en el presente, el 1,5 por 100 concentra el 30,5 por 100 de la riqueza urbana. El mayor grado de concentración de la propiedad urbana nos obliga a tener que relatar un breve listado de la oligarquía, para ello nos detendremos en los grandes propietarios privados: doña Ana María Maldonado y Treviño con 10.400 reales, no sólo es la primera riqueza urbana, sino también la primera en el cómputo total de la riqueza municipal; en segundo lugar, doña María Cortés López Guerrero, viuda del Marqués de Casa Treviño con 5.585 reales; le siguen doña Josefa Picó, el Conde de Montes Claros, don Alvaro Maldonado y Treviño y don Gaspar Muñoz, todos ellos entre los 3.800 y los 2.800 reales de riqueza o utilidad urbana. Un aspecto importante, desde el punto de vista espacial, es el cambio operado en la concentración de la riqueza en función de su ubicación en barrios y calles, pues de hecho en esta ocasión el barrio de Santa María, le quita el privilegio al de San Pedro, al desplazarse los valores del suelo hacia el norte de la Plaza Mayor, concretamente por las calles de Reyes, Caballeros y Toledo.

Si hemos visto la coincidencia de que el mayor propietario urbano se ponía a la cabeza del municipio en el resto de la riqueza, esto nos ha dado pie para hacer un seguimiento de distintos listados de mayores contribuyentes del municipio, para de esta forma poder conectar la relación de utilidades de 1841 con el padrón de riqueza urbana, que contrastaremos un siglo después, en 1939. Los tres mayores contribuyentes a finales de siglo (1889) eran don Juan Bautista Treviño y Cortés, Marqués de Casa Treviño, seguido en segundo y tercer lugar por don Alvaro y don Diego Muñoz taraba, por última vez las dos familias más representativas del municipio se mostraban claramente a la cabeza; ya que si tenemos en cuenta el último listado de contribuyentes que data de 1923, esta situación cambia por completo, pues, en primer lugar aparecerán dos miembros de la burguesía local: don Enrique Morales Avila y don Policarpo Núñez Hombrebueno, quedando en tercer lugar, don Juan Treviño Aranguren, Marqués de Casa Treviño, lo que supone el desplazamiento de la nobleza local.

La ciudad burguesa

El Padrón de edificios y solares de 1939 nos aporta un análisis muy completo de la propiedad y del valor del suelo, donde se desprende su total privatización. La estructura de la propiedad nos ofrece una visión muy desigual del control de la riqueza, ya que mientras el 84,8 por 100 de los propietarios suman una riqueza del 41 por 100 del líquido imponible, por el contrario, en el polo opuesto, un escaso 0,6 por 100 de la propiedad concentra el 13 por 100 del valor. Los exponentes más representativos de la nueva oligarquía urbana la ocupan don Zoilo Peco Ruiz, cuyo capital proviene de la producción de alcoholes; doña Clementina Malagón, viuda de Morales, con capital procedente de la venta de gasolina y una amplia relación de nuevos propietarios, todos ellos representantes de la burguesía local, tal es el caso de los señores Menchero Olarte, Ayala López, Fuertes Moreno, Navas Díaz, Núñez Hombrebueno y ya en un noveno lugar de la jerarquía de valores urbanos, los Marqueses de Casa Treviño.

Para su conocimiento más exacto de la división social del espacio urbano durante toda la etapa que va desde 1940 a 1980, se ha estudiado calle por calle, el valor del suelo, a partir de una escala de valores en pesetas por metro cuadrado. No se debe olvidar que el precio oficial del suelo es el mecanismo que establece los usos diversos, haciéndose más especulativos conforme vamos de la periferia al centro. El precio del suelo, junto a los planes de ordenación y ordenanzas de urbanización son los instrumentos que la clase dominante tiene para ordenar o destruir la ciudad, en esta ciudad se ha optado por la segunda opción, más remunerable a corto plazo..., a la vez que condenable.

Del resultado del estudio de la plusvalía o valores oficiales del suelo, que aunque no sean reales, son indicativos u orientativos, obenemos como conclusión, el poder considerar como centro económico de la ciudad, a mediados de la década del cuarenta, los siguientes puntos de la ciudad: Plaza Mayor y las calles que se encuentran a su lado como Feria, Mercado Viejo, María Cristina y Carlos Vázquez y también Imperio, General Aguilera y Plaza del Pilar, por lo que se extiende el centro hacia el sur. Si contrastamos este listado con el de finales de los años setenta, tendremos que añadir a dicha relación las calles de Cruz, Alarcos y Rey Santo; lo que implica un nuevo desplazamiento del centro con dirección SW.

En el mismo año de las primeras elecciones democráticas municipales (1979), obtuvimos un vaciado de las 11.000 fichas del Catastro de Urbana, elaborado por la Delegación de Hacienda. Como baremo principal para el estudio de la propiedad urbana hemos vuelto a utilizar, en coherencia con los tres momentos anteriores (1751, 1841 y 1939), el valor del suelo en lugar de la superficie, ya que aquélla nos está identificando, de forma más clara, la propiedad en función no sólo de su tamaño, sino también de su localización en la ciudad. La propiedad privada se nos presenta desglosada en múltiples aspectos que van desde las personas físicas a las comunidades de propietarios y cooperativas protegidas por el I.N.V., en definitiva, todo este amplio espectro controla el 85,1 por 100 del valor catastral, el resto, el 14,9 por 100 se lo reparten entre el Estado con un 7,9 por 100 y la Iglesia, el Ayuntamiento y la Diputación.

Como venimos haciendo anteriormente pasaremos a analizar la estructura de propiedad del grupo mayoritario, es decir, de la propiedad privada, de la misma se desprende su injusta desigualdad ya que frente al 94 por 100 de propiedades que concentran el 42,4 por 100 del valor, se nos ofrece un reducido número de 26 propietarios, que representan sobre el total, el 0,3 por 100 y que controlan el 27,8 por 100 del valor catastral urbano. Esta realidad nos da idea del grado de privatización existente en manos del capital inmobiliario, financiero e industrial.

La conclusión máxima que podemos obtener es que conforme avanza el tiempo, un menor número de propietarios registra un mayor porcentaje de riqueza. Si antes los mayores acumuladores del valor del suelo fueron destacados miembros de la nobleza ciudarrealeña, a principios del siglo XX perderían este privilegio frente a la nueva burguesía local, que se ha visto desplazada por el capital inmobiliario y financiero, independientemente de haberse extendido el acceso a la propiedad de una o dos viviendas, por parte de la sociedad consumista.

Si las calles y plazas de primer orden o espacio central tenían un valor medio de 200 pesetas por metro cuadrado en 1946, actualmente, en 1990, este valor ha alcanzado la cota de las 14.300 pesetas/metro cuadrado, de precio oficial, que no real. A mediados del siglo XVIII, los precios del suelo se elevaban en la Plaza Mayor y calles que partían de ella, posteriormente, a mediados del XIX, el precio se extendió desde este núcleo central, con dirección septentrional, hacia las calles de Reyes, Caballeros y Toledo. Pero en el momento presente, cuando acaba de comenzar la década del noventa, el centro se ha desplazado hacia el sur-suroeste: Cuchillería (Carlos Vázquez), General Aguilera, Alfonso el Sabio (Imperio), Bernardo Mulleras, Plaza de Cervantes, para una vez en la Plaza del Pilar extenderse por Alarcos hasta Postas y por Rey Santo hasta la misma Plaza de la Provincia, inclusive; quedando desplazada la Plaza Mayor y sus calles contiguas. Cuando concluya la lenta construcción de los edificios de la Plaza Mayor, ésta volverá a ocupar el lugar de privilegio que siempre tuvo.

De cuanto hemos dicho se desprende que el espacio geográfico, como el tiempo histórico han sido fiel reflejo de los cambios en la propiedad y en el valor del suelo urbano.

ELEMENTOS INFRAESTRUCTURALES MAS DESTACADOS

El problema de la traída del agua

Durante el tránsito de los años setenta y ochenta del siglo XVIII se firmarán los primeros proyectos de traída del agua; en primer lugar se intentó desde el sitio de la Serena, pero fue rechazado, debido a los altos costes y por la escasez y calidad del agua; posteriormente se aseguró que en el sitio de la Higueruela podría existir un abundante caudal, que posibilitaría la instalación de tres fuentes públicas, pero la aprobación del Consejo de Castilla, para su utilización, no se hizo realidad.

Nuevamente se volvió a hablar del tema con intensidad durante la segunda parte del siglo XIX. El primer proyecto de traída del agua data de 1858 y fue concedido al ingeniero industrial don Eugenio Salarnier; el agua vendría desde la huerta de la Poblachuela, para lo cual se debieron adquirir unos terrenos privados, que correrían a cuenta del proponente. En la ciudad se instalarían tres fuentes, instalando una en cada uno de los tres barrios: en la calle del general Aguilera y en las Plazuelas de los conventos de las religiosas Carmelitas y Dominicas. Durante el verano de 1883 se demostró que la insalubridad de los depósitos y de las cañerías era manifiesta, uniéndose a esto el problema de la escasez de agua; por este motivo la corporación entendió que al no haberse cumplido el contrato, quedaba sin efecto; por lo que inmediatamente se sacó un nuevo concurso, que fue recurrido por Salarnier, pues no se habían cumplido los cincuenta y cinco años que marcaba su contrato; pero se entendió que había finalizado por incumplir parte de las cláusulas.

En 1886 se da cuenta de un nuevo proyecto presentado por don Patricio Redondo, que ofrece traer las aguas primero desde Villarrubia de los Ojos y posteriormente desde Malagón, a perpetuidad. El Gobierno del Consejo de Estado aceptó el proyecto en 1888, considerando improcedente el recurso presentado por el anterior concesionario, pero este llevó el caso a los tribunales, que no se resolvió en favor del Ayuntamiento hasta 1910, fecha en la que se rescindió el contrato con el señor Salarnier, incautándole todo el material utilizado, haciéndose cargo del suministro el propio Ayuntamiento. Durante la década del diez, en al calle y en la prensa local se critica al Ayuntamiento por la subida del cántaro de agua, pero cuando se estaban resolviendo los problemas de cantidad y de higiene surge la necesidad de municipalizar el servicio, optándose, casi en secreto, por la privatización.

El nuevo proyecto se concedió en 1919 a la Sociedad General de Obras y Saneamiento, encargándosele la realización conjunta de las obras de alcantarillado y traída de aguas, desde el municipio de Malagón, concretamente desde el Valle de los Molinos, colocándose la primera piedra de los depósitos de La Atalaya, pero al no haber empezado a suministrar el agua en 1924 el Ayuntamiento incautó provisionalmente los manantiales del Valle de los Molinos y el depósito de La Atalaya. La empresa, en la que habían participado con acciones vecinos de la ciudad, llevó el caso a los tribunales, fallando el Territorial y el Supremo en favor del Ayuntamiento en 1931 y 1932, respectivamente.

La nueva corporación republicana quería resolver «el ya histórico problema del abastecimiento del agua»; para ello llevaría a cabo un proyecto de traída desde el Pantano de Gasset, a 19 kilómetros de la ciudad, que recogía aguas de los ríos Becea y Bañuelos, logrando un acuerdo de utilización provisional; en 1952 aún se sigue hablando de la concesión provisional desde el Pantano de Gasset, indicando que el «abastecimiento a la capital es el problema que más pesa sobre el municipio», teniendo que contar con fuentes públicas, ya que sólo el 50 por 100 de la población disfruta de la distribución a domicilio, pues «las deficiencias de la red dan lugar a que las presiones sean escasas, y por este motivo las aguas no suban a los puntos altos de la ciudad». Las aguas captadas en el Pantano son elevadas por medio de motores eléctricos hasta el depósito de La Atalaya. La traída definitiva del agua desde el Pantano de Gasset se llevó a cabo en 1964, recogiendo aguas de los ríos Becea, Bañuelos y Guadiana; el agua entraba en la ciudad por la puerta de Toledo y desde allí se bifurcaría en diez arterias por todo el municipio.

Al comienzo de los años ochenta la situación se volvió a agravar, al constatarse que se perdía tanta agua como se consumía, al tiempo que el 50 por 100 de la consumida no pasaba por la depuradora. La terrible sequía obligó a la ciudad a imponer restricciones de consumo al encontrarse en situación de alerta roja. La corporación democrática llevó una política de solución del problema que se inició con la detectación de fugas, limpieza de conducciones, para concluir con nuevas captaciones procedentes del río Bañuelos, y del acuífero 23, así como nuevos depósitos y planta depuradora, tarea que se ha llevado a cabo a lo largo de la década.

El ferrocarril y sus consecuencias

Con la llegada del ferrocarril en la segunda parte del siglo XIX, la ciudad lograría comunicarse con su provincia y muy especialmente con Madrid, al tiempo que se resolverían otros elementos infraestructurales, que irían mutuamente entrelazados, tales como los Terreros, el derribo de la muralla y la creación del Parque de Gasset.

Se dio cuenta al Ayuntamiento en 1851 que por la ciudad iba a pasar la línea del ferrocarril, procedente de Madrid y de Alcázar de San Juan, con dirección hacia Badajoz. Al año siguiente el propio Gobierno se dirige a la corporación para que, ante este hecho, se creía «como un deber por el decoro de esta capital el que se hiciesen algunas mejoras», pues de hecho no sólo con el tren llegaba el símbolo del progreso, sino que además, a partir de ese momento se accedería con más facilidad a las distintas ciudades, por lo que había que eliminar la sensación de posible abandono o descuido, del que ya hemos hablado. En 1856 la Compañía de Ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante se hacía cargo de la línea Alcázar de San Juan-Ciudad Real; dos años más tarde otra Compañía, la Badajoz-Ciudad Real, obtendría la concesión para comunicar ambas capitales; la reina Isabel II llegó a Ciudad Real a inaugurar el trayecto Madrid-Lisboa en diciembre de 1866. Ante la necesidad de comunicar Ciudad Real directamente con Madrid sin tener que pasar por Alcázar de San Juan, la Compañía Badajoz-Ciudad Real obtuvo la concesión, pero por problemas económicos fue absorbida por la M.Z.A. que sería la encargada de llevarlo a cabo en 1879 en presencia del rey Alfonso XII. La explicación a la fusión de una compañía en otra la encontramos en un Acta Municipal de noviembre de 1879 donde se dice que con las poblaciones que se comunica Ciudad Real a través del ferrocarril no se mantiene tráfico alguno, como no lo tiene con ninguna población, ya que «está reducida a la agricultura, que es lo único que consiste su decaída riqueza... las exportaciones de frutos sobrantes se hacen por reducido número de personas... y la cantidad de frutos es conducida en un solo viaje por ferrocarril..., la feria de esta capital carece de importancia porque a ella no concurre ganado de ninguna clase». Esta afirmación nos aclara la situación económica en que se encuentra la ciudad, cuando ha llegado a sus puertas el ferrocarril, motor del cambio socioeconómico. Analizaremos ahora, antes de volver a posteriores innovaciones en la línea de ferrocarril, las tres consecuencias más evidentes logradas con la llegada del ferrocarril, en la morfología urbana:

A. La primera de ellas hace referencia a los Terreros, éstos se encontraba fuera de la muralla entre las puertas de Calatrava y de la Mata, eran unas enormes lagunas que se cubrían con las aguas de lluvia, al no tener salida se pudrían, produciendo epidemias a los vecinos más próximos, sobre todo a los del barrio obrero de Santiago. Desde mediados del siglo XVIII el Ayuntamiento venía intentando terraplenarlas o bien en solitario o pidiendo colaboración al Arzobispo de Toledo, del que recibió ayuda en 1784; más tarde se dirigió al Consejo de Castilla, del que no recibió respuesta. El problema se alargaría hasta mediados del siglo XIX cuando se contibió la feliz, idea de entrar en contacto con la Compañía del Ferrocarril de Ciudad Real a Badajoz, con el fin de que facilitara una locomotora y estableciera una vía férrea provisional, que partiera desde el paso a nivel del municipio de Miguelturra y pasando por el cerrillo llamado del Calvario, éste fuera desmontado y transportada su tierra al lugar de los Terreros. Las obras del definitivo terraplenamiento se llevaron a cabo en 1868 trabajando durante seis meses una locomotora, catorce plataformas y 600 personas.

B. La segunda consecuencia se refiere al derribo de la muralla, que había sido reparada en 1835 por los continuos conflictos bélicos, pero su estado en 1850 podía considerarse ruinoso. Con la llegada del ferrocarril se plantea la necesidad de abrir la puerta de Ciruela, autorizándose tres años más tarde, pero la muralla se seguirá reparando antes de derribarla, ya que aún se seguía cobrando el fielato de entrada y salida. Como las murallas habían tenido un primordial sentido defensivo, a la vez que económico, fue necesaria la autorización en 1860 de las autoridades militares para poder iniciar el necesario derribo; pero sólo se autorizó en el trozo comprendido entre las puertas de Granada y de Alarcos, en la zona más próxima al ferrocarril. De esta manera, la demolición se hacía ya realidad, como ocurrió en la mayor parte de las ciudades; en unas por la agobiante presión demográfica, y en otras, donde no existió presión, por el estado ruinoso en el que se encontraba, sobre todo cuando no tenían calidad arquitectónica, pues en caso contrario se respetó. En Ciudad Real influyó su mal estado, su poca calidad y el ferrocarril. La Comisión de Monumentos Artísticos intervino para indicar qué puertas podían ser eliminadas; las primeras en desaparecer serían, uniéndose a las dos antes citadas las del Carmen, Calatrava y Santa María; de esta forma quedaba la sencilla, pero bella, Puerta de Toledo. La corporación de 1931 se propuso llevar a cabo el derribo de los lienzos que aún quedaran de pie, pero no lo consiguió, ya que durante los años ochenta, la corporación ha utilizado el último resto para embellecerlo, de forma que las generaciones venideras supieran por dónde iba la muralla.

C. La tercera consecuencia directa es la creación del Parque de Gasset; para llevarlo a cabo el Ayuntamiento se entrevistó en 1909 con la M.Z.A. con el fin de comprarle los terrenos que poseía en la puerta de Alarcos y que estaban convertidos en vertedero de escombros. Pero estas conversaciones quedaron dormidas hasta finales de 1915, cuando se vuelven a mover de nuevo las gestiones, decidiendo la compañía la venta de 500 metros cuadrados que eran necesarios para formar el paseo proyectado, adquiriendo al mismo tiempo el derecho preferente para comprar el resto del terreno no aprovechable para la M.Z.A. Este Parque durante la república recibió una serie de atributos que lo hicieron entrañable; durante el franquismo se levantó un muro de piedra que lo aislaba de la ciudad, menos mal que la corporación que viene estando presidida por un mismo alcalde desde 1979 lo ha quitado, para poner en su lugar una verja de forja, al tiempo que lo ha ampliando, coincidiendo con la creación de un recinto ferial al oeste de la ciudad, ya que antes la feria se hacía en el parque, sufriendo un importante deterioro.

Uno de los problemas que iba a tener la expansión suburbana iniciada durante los años veinte en la parte oeste de la ciudad era precisamente el que el ferrocarril bajara por este lado para acceder a la estación. Durante los años de la dictadura de Primo de Rivera se había planteado la necesidad de desviar el trazado de la línea, de forma que al llegar a la altura de la Puerta de Toledo, en vez de bajar por el oeste del casco, lo hiciera por el este. Esta idea fue recogida y llevada a la práctica por la corporación republicana, ya que desviando la línea directa de Madrid a Badajoz se lograría la expansión de la ciudad por el oeste, que es por donde vienen limpios los vientos predominantes y con ello se lograría la ampliación del Parque de Gasset.

Al finalizar la década del ochenta de nuestro siglo las comunicaciones han vuelto a ser noticia en la ciudad y en esta ocasión no sólo por el ferrocarril, sino también porque durante la década se ha trabajado en ofrecer terrenos al Ministerio de Transportes posibilitando la creación, por primera vez, de una estación de autobuses que se inauguraba en 1988, al sur de la ciudad, una vez adquiridos por el Ayuntamiento 11.000 metros cuadrados a Renfe. Pero la noticia más importante, para el futuro de la ciudad, es la llegada del Tren de Alta Velocidad a Ciudad Real, ya que con ello se entra a formar parte de los nuevos y avanzados circuitos de comunicación, facilitando considerablemente la accesibilidad a Madrid y a Andalucía, en un primer momento.

El sistema urbano comercial

El estudio de las «Areas de influencia socioeconómica en la provincia de Ciudad Real» realizado con estudiantes del Departamento de Geografía, a comienzos de la década del ochenta, nos permitió sondear, mediante 4.367 encuestas realizadas en un tercio de los municipios de la provincia, los desplazamientos que se realizaban para obtener servicios, así como productos comerciales más y menos especializados. Los abundantes datos y los nueve mapas confeccionados, donde la sola utilización de flechas direccionales permitían facilitar la visualización de los movimientos, nos han permitido la posibilidad de dividir a la provincia en un área y tres subáreas. Ciudad Real se convierte en área, al radicar en ella los servicios capitalinos y el comercio más especializado; pero además de ejercer como área central, a su vez controla su propio espacio comarcal que se localiza en las zonas centro y noroeste; las tres subáreas restantes son: Puertollano, que atrae a los municipios de la zona Suroeste; Valdepeñas-Manzanares, centro doble, es foco de influencia de la zona sureste, y, por último, Alcázar de San Juan, que recoge a los núcleos urbanos de la zona noreste.

Para profundizar más en el sistema urbano comercial, pasaremos a estudiar el lugar que ocupa el municipio de Ciudad Real en el conjunto nacional, regional y provincial, para ello utilizaremos el Anuario del Mercado Español, 1989. Existen dos elementos importantes, que actúan como haremos de toda geografía de mercado; uno está vinculado con el mayor o menor número de población que tiene el municipio, y, el otro, está en función del grado de accesibilidad, ya que cuanto mayor, demográficamente, es la población y mejor su accesibilidad por carretera o ferrocarril más grande es su área de influencia comercial. Durante la década de los noventa se experimentarán cambios en los medios de transporte, unos tendentes a mejorar la comunicación con la capital de la nación, mediante las autovías y el Tren de Alta Velocidad y, el otro, deseable por la mejora del sistema regional de carreteras, que facilitará la comunicación entre capitales y núcleos importantes.

A partir del Anuario, antes citado, pasaremos a exponer los haremos que jerarquizan las áreas o municipios más influyentes, socioeconómicamente. Uno de los índices más significativos del nivel de desarrollo lo constituye el grado de especialización comercial, que mejora con las condiciones de mayor nivel de vida, obteniendo del mismo el valor total ponderado, que es el que marea los lugares o puestos en la escala, que viene encabezada por Madrid, Barcelona y Valencia. El primer núcleo castellano_ manchego lo encontramos en el puesto número cincuenta; nos referimos a Albacete, le siguen hasta la centena: Ciudad Real (66), Puertollano (70), Toledo (85), Talavera de la reina (87) y Cuenca (95). A Guadalajara la encontramos en el puesto número 127, por este motivo intentaremos estudiar los siguientes núcleos, pero ahora desde bloques mayores. Del 127 al 167: Guadalajara, Tomelloso, Alcázar de San Juan, Valdepeñas.

El valor total ponderado de especialización comercial no ofrece en orden decreciente a los municipios o áreas de Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo, Talavera, Cuenca, Guadalajara... La cuota de consumo consiste en expresar comparativamente la capacidad de consumo de las áreas comerciales, de acuerdo con su volumen de población y la incidencia del conjunto de variables que determinan la efectiva capacidad de compra, es por tanto un índice teórico de consumo probable: Albacete tiene una cuota de mercado de 892, ocupando el lugar número 32 de la escala nacional, le siguen Ciudad Real (34), Talavera de la Reina (47), Toledo (56), Guadalajara (59), Cuenca (70), Valdepeñas (80) y Puertollano (84).

El índice de la cuota de riqueza activa se basa en el conjunto de elementos que, inmersos en la actividad económica, contribuyen al proceso y a la formación de la renta nacional, para ello se tiene en cuenta tres variables: la demográfica, la cultural y la económica. Por orden decreciente encontramos, en primer lugar, a Albacete con un índice de 989, ocupando el lugar número 26 de la escala nacional, le siguen: Ciudad Real (38), Talavera de la Reina (46), Toledo (58), Guadalajara (61), Cuenca (69), Puertollano (81) y Valdepeñas (85). De ambas cuotas, la de consumo y la de riqueza, se desprende una jerarquía muy clara encabezada por Albacete y seguida por Ciudad Real, Talavera de la Reina, Toledo, Guadalajara, Cuenca y, por último, Puertollano y Valdepeñas, indistintamente.

De las ocho áreas, Albacete es la primera en población y en superficie, mientras que en densidad se queda más rezagada, ocupando los primeros lugares: Talavera de la Reina (409 h/km2); entre 250 y 212 h/Km2 están Toledo, Puertollano y Guadalajara; Ciudad Real, con 179 h/Km2, y entre 94 y 44 h/Km2 las tres siguientes, Albacete, Valdepeñas y Cuenca. Para concluir, pasaremos al estudio de las licencias comerciales y a los grupos de actividad en que se organizan. Nuevamente, Albacete vuelve a ocupar el primer lugar, al contabilizar un total de 3.480 licencias, le siguen con 1.800 Talavera y Toledo, mientras que entre 1.500 y 700 nos aparecen Ciudad Real, Guadalajara, Puertollano, Cuenca y Valdepeñas, respectivamente.

Si analizamós porcentuálmente los distintos grupos de actividad, observaremos que no existen grandes diferencias que hagan destacar de forma muy sobresaliente a las áreas, respecto a los distintos grupos. La actividad que oscila entre el 47 y el 28 por 100 es la alimentación, destacando aquí Puertollano y Valdepeñas; en segundo lugar está el textil y el calzado con Ciudad Real y Albacete, superando el 17 por 100; otras actividades destacables son la maquinaria con Ciudad Real a la cabeza y la madera con Cuenca.

El área o municipio de Ciudad Real se nos ofrece, dentro del sistema urbano comercial de la región, ocupando el segundo lugar, tal como hemos podido observar en los distintos índices utilizados. Pasaremos a conocer los porcentajes de los grupos de actividad comercial: en primer lugar destaca la alimentación, con el 34,6 por 100; le siguen el textil y el calzado, con un 17,5 por 100, la maquinaria, con un 16,1 por 100, la química, con un 8,4 por 100; con un 7,2 por 100 se encuentra lo que el Anuario en tiende, sin especificar, como comercio no clasificado y, ya por último, la madera, con un 6,3 por 100; la construcción, con el 5,2 por 100, y los metales, con el 4,7 por 100.

Ciudad Real es un municipio deteriorado urbanísticamente con un crecimiento real anual de población que se encuentra estancado en el 1,7 por 100 y que se dedica ampliamente al sector servicios y a la actividad alimentaria. Cuando se viene hablando de un futuro optimista, últimamente, se utiliza como elementos de mejora y de crecimiento tres aspectos que, sin duda, tienen su importancia, pero que habrá que dejar correr la década del noventa, nos referimos a la importante incidencia del Campus Universitario, del AVE o Tren de Alta Velocidad, así como la polarización que otros elementos (grandes superficies comerciales, polígono industrial) favorecerán el desarrollo tardío de esta capital de provincia que mira el futuro con optimismo.

Texto extraído de:

HISTORIA DE CIUDAD REAL

Análisis geográfico del municipio de Ciudad Real

Félix Pillet Capdepón

Editado por Obra Social de