Turismo y cultura en Ciudad Real

La sombra de las luces

CIUDAD REAL EN LA EDAD MODERNA

UNA ILUSTRACION INSUFICIENTE Y CONTRADICTORIA: LA SOMBRA DE LAS LUCES

Se ha definido a la experiencia ilustrada española con evidente posó polémico- como de Ilustración «insuficiente». En efecto, la difusión de Las Luces en España se vio limitada por carencias ideológicas, contradicciones políticas y, muy especialmente, por una realidad social y económica frustrante a los ideales y objetivos perseguidos por los reformistas ilustrados. Si con carácter genérico el término «insuficiente» puede aplicarse al grueso de las experiencias ilustradas, en el caso del mundo rural y semiurbano -caso de Ciudad Real- a esa insuficiencia general cabría añadir la existencia de graves «limitaciones estructurales», que se hicieron particularmente evidentes en una zona tan deprimida como era La Mancha del Setecientos. Ello no implicó el rechazo a los presupuestos reformistas diseñados desde la corte; el optimismo implícito en los planteamientos ilustrados, las promesas de un mundo mejor a partir de la hegemonía de la Razón y, sobre todo, la adscripción de los grupos dirigentes locales a los presupuestos diseñados desde el poder central; especialmente el gobierno y el Consejo de Castilla, propiciaron el desarrollo de experiencias ilustradas que, salvo excepción, quedaron reducidas a simples intentos voluntaristas condenados de antemano al fracaso. De ahí que en las tierras manchegas podamos hablar del «fracaso del reformismo ilustrado», y la consiguiente necesidad historiográfica de analizar las «sombras» de Las Luces.

El proyecto de sociedad económica

La idea de establecer una Sociedad Económica en Ciudad Real surgió en 1797. Fue, pues, un intento muy tardío y alejado cronológicamente del ambiente que originó la fundación de las Sociedades Patrióticas en el reinado de Carlos III; de hecho, dicho intento se produjo once años después de la circular del Consejo de Castilla de 28 de agosto de 1786, donde ya se insinuaba el escaso éxito de esta iniciativa ilustrada. En definitiva, la Sociedad Económica nació en un marco histórico ajeno a los presupuestos originarios de este tipo de instituciones, cuando ya el programa ilustrado había perdido el impulso inicial y frescura de objetivos. Pese a ello, el análisis de esta iniciativa no sólo es útil en tanto paradigma de un proceso que siguieron otras muchas Sociedades Económicas que, como la de Ciudad Real, no llegaron a constituirse, sino que puede además aportar datos inestimables para profundizar en el grado de implantación de Las Luces en la sociedad ciudarrealeña del Setecientos, evaluar las posibilidades reales del programa reformista en un núcleo semiurbano típico del siglo XVIII y, en definitiva, posibilitar el estudio de la actitud y contradicciones de los grupos dirigentes locales.

Sería conveniente, no obstante, para la correcta comprensión de los amigos del país, enmarcar la Sociedad Económica de Ciudad Real en el devenir, difusión y grado de vigencia de sus homólogas manchegas. El movimiento de los amigos del país en La Mancha alcanzó una intensidad cuantitativa apreciable con un total de veinte iniciativas y proyectos, aunque con una proyección cualitativa de escaso alcance. De las 20 Sociedades, cuya solicitud fue presentada al Consejo de Castilla y a la Sociedad Económica Matritense, sólo alcanzaron la aprobación definitiva las de Alcázar de San Juan, Arbancón, Cuenca, San Clemente, Sigüenza, Talavera de la Reina, Toledo, Yébenes y Yepes. La mayoría, pues, no pasó de la solicitud ante el Consejo de Castilla, que, ante la falta de entidad de los proyectos, bien los rechazaba directamente, bien los transformaba en juntas de Caridad o en otro tipo de instituciones benéficas.

Porque el problema de los amigos del país en La Mancha, incluida la iniciativa de Ciudad Real, como a continuación veremos, fue, sobre todo, de mentalidad, de conocimiento de lo que realmente perseguía el gobierno con la implantación de las Sociedades Económicas. Por lo común, identificaron las Sociedades con juntas de caridad, cuerpos auxiliares de la justicia, instituciones de orden público o simples asambleas de notables locales veladoras de las buenas costumbres. Desde la Sociedad Matritense se intentó reordenar las ideas y objetivos, siempre con poco éxito: ase ve que han mezclado y confundido los objetos de estos cuerpos con los que pertenecen a las justicias reales y eclesiásticas..., deben servirse a promover la agricultura, cría de ganados, industria, artes y comercio». Este fue el contexto manchego de la Sociedad Económica de Ciudad Real.

Aunque, como sabemos, la Sociedad Económica fue solicitada en 1797, ello no implicó que en Ciudad Real no se tuviera noticia de la existencia de las Sociedades Patrióticas, sus presupuestos y objetivos, así como del ambiente general de reforma diseñado desde la corte. Sin duda, por la enorme difusión alcanzada, se conocían los trabajos de Campomanes Discurso sobre el fomento de la industria popular y Discurso sobre la educación popular de los artesanos, como también eran públicos los debates en torno al establecimiento de la Ley Agraria, especialmente en el terreno de la estructura de la propiedad de la tierra y en la racionalización de los arrendamientos, temas casi siempre identificados con los objetivos teóricos que debían asumir los amigos del país.

Ahora bien, en el caso de Ciudad Real estos dos debates -centrales en el reformismo carolino- fueron preocupación casi exclusiva de las autoridades territoriales, toda vez que sus conclusiones eran lesivas a los intereses de los dos grupos sociales que podrían haber integrado el proyecto de Sociedad Patriótica: los propietarios y el clero. Este fenómeno es importante y explica la inexistencia de una Sociedad en Ciudad Real en el período histórico clásico de las Sociedades Patrióticas (1776-1786), cuando estas instituciones participaron y colaboraron con los programas transformadores de los gobiernos reformistas. Y ello fue particularmente significativo en una zona como la manchega con altos índices de propiedad de manos muertas y agudos conflictos por los sistemas de arrendamientos. En este sentido, convendría subrayar que la evolución de la estructura profesional de Ciudad Real desde mediados del siglo XVI hasta 1751 vino caracterizada por el continuo incremento del porcentaje de la población dedicada a las actividades agrarias.

Ya en 1768, con motivo de los informes para el establecimiento de la Ley Agraria, el intendente de Ciudad Real señalaba: «se halla en manos muertas... la mayor parte del terreno, pues apenas hay comunidad religiosa, cabildo, eclesiástico particular, que su personal subsistencia no consista en las rentas de la tierra que poseen, y siendo tantos los labradores que carecen de ellas». Respecto a los plazos de los arrendamientos y los abusos que originaba decía: «porque siendo corta la duración de los arriendos no puede el colono disfrutar el beneficio del estiércol, y otros que le daría si lo mirase seguro y durable, con que sólo de disfrutarla en su tiempo con resiembros y legumbres que la infertilizan». Estas críticas dirigidas a las «manos muertas», deben extenderse, en el caso de Ciudad Real, al propio concejo que, al arrendar sus bienes de propios y arbitrios, establecía cortos períodos de arrendamiento (una media de cinco años para el período 1750-1804), aunque los predios municipales más pequeños, siempre arrendados a campesinos sin tierra, llegaron a tener plazos más cortos, incluso anuales.

Pues bien, estos problemas básicos de la realidad económica y social del setecientos constituyeron, junto con los intentos de desarrollo artesanal e industrial, el quehacer cotidiano de los amigos del país, y no solamente en las grandes y poderosas Sociedades (Matritense, Vascongada, Valladolid, cte.), sino las de pequeños núcleos urbanos e, incluso, rurales. La inexistencia de esta institución en Ciudad Real durante el reinado de Carlos 111 es significativa en sí misma, evidenciando los recelos e ignorancia existentes hacia las propuestas del reformismo ilustrado. Dentro de este contexto, la primera noticia documentada sobre las Sociedades Económicas en Ciudad Real fue la iniciativa de un particular que, conocedor del concurso patrocinado por el conde de Cabarrús para premiar aquellas ideas y proyectos para el desarrollo de la agricultura, las industrias y las artes, proponía ciertos medios de cómo ocupar los ratos de ocio. En efecto, Isidro de Madrid, vecino de Ciudad Real, se dirigió el 1 de agosto de 1785 al secretario de la Sociedad Económica Matritense exponiendo sus méritos personales. De la lectura de su carta cabe inferir el grado de conocimiento -ciertamente nulo y desenfocado- que se tenía en Ciudad Real de las iniciativas ilustradas; señalaba, entre otras cosas, estar en posesión de

El proyecto de creación de una Sociedad Económica de Amigos del País en Ciudad Real surgió el día 27 de febrero de 1797; con esa fecha, el procurador síndico personero del común -esto es, el defensor de los intereses populares de la ciudad-, don Antonio de Porras, se dirigió al Consejo de Castilla exponiendo la lamentable situación de la ciudad y la necesidad de corregir ciertos abusos que -según él- pasaba por establecer una Sociedad Patriótica.

Así pues, el surgimiento del proyecto, a diferencia de los mecanismos habituales observados en la mayoría de las Sociedades Económicas, no provino de la iniciativa de clérigos, funcionarios de la administración territorial, notables de la ciudad, etc. Fue, pues, una iniciativa personal desconectada del sentir de las autoridades locales; de hecho, según consta en la documentación del archivo de la Sociedad Matritense y del Archivo Histórico Nacional (donde se conserva los trámites seguidos ante el Consejo de Castilla), la petición de una Sociedad Económica para Ciudad Real era desconocida para el ayuntamiento y el intendente.

Del análisis de la carta de petición ante el Consejo, obtenemos una primera conclusión importante: don Antonio de Porras sólo tenía una visión aproximada de lo que realmente era una Sociedad Económica; porque, en efecto, la vinculaba con el fomento de la agricultura, artes y ciencias, con el provecho público y con la felicidad general. Pero hay que subrayar, en nuestra opinión, que los términos «fomento» «provecho y «felicidad», así como el continuo recurso a «Las Luces», no eran sino la reiteración de lemas oficiales difícilmente comprendidos fuera de los círculos ilustrados. Es seguro que para el procurador síndico dichos términos y lemas eran vagos y vaporosos, aunque útiles a sus presupuestos y limitados objetivos. No cabe pensar que los vinculara a la idea de progreso, sino a la solución inmediata de los problemas cotidianos a través de las promesas incluidas en la política reformista ilustrada. Da la impresión que tenía conocimiento, por su cargo en el concejo, de información oficial y, quizá, de lecturas poco profundas o de segunda mano de algún texto ilustrado.

Estas limitaciones en cuanto a la concepción del ideal ilustrado, se confirman desde el momento que adscribió como funciones propias de la Sociedad Económica ciertas actividades en los ámbitos administrativos y judiciales. Este desenfoque de objetivos fue típico de la mayoría de los proyectos rurales y semiurbanos, sin duda por el interés de los promotores de las Sociedades en convertir a éstas en un cauce regeneracionista frente a una administración corrupta o ineficaz. Pero quizá lo mejor sea leer a nuestro «ilustrable» y su proyecto de Sociedad Patriótica, que presentó como medio de superar «los perjuicios que se seguían a aquel común de permitirse la enseñanza de primeras letras por sujetos ineptos, de la impericia con que algunas mujeres ejercían el oficio de matronas, y de estar destinados algunos barberos a la curación de enfermos como si fueran verdaderos facultativos; ... que a beneficio del común v por amor a la Patria, trataba de inclinar los ánimos de sus convecinos para el establecimiento de una Sociedad Económica, con cuyo cuerpo se excusarían muchas molestias y recursos a los tribunales superiores, se ayudará el oficio de justicia, se fomentarían las ciencias, la agricultura y las artes, con utilidad del individuo y del común».

Vista esta petición por el Consejo de Castilla, encargó a su fiscal la apertura de expediente para la creación de la Sociedad Económica. Como era preceptivo en estos casos, el Consejo pidió información a las autoridades territoriales: intendente de La Mancha y corregidor de Ciudad Real, sobre las condiciones sociales y económicas de la ciudad, así como el grado de viabilidad del proyecto. Ambas autoridades desaconsejaron al fiscal el establecimiento de la Sociedad Patriótica solicitada por el personero del común ciudarrealeño.

En efecto, el intendente de La Mancha don Fernando Osorio, por carta de 6 de junio de 1797, insistía en la imposibilidad de erigir la Sociedad Económica al ser Ciudad Real una localidad poco a propósito a los fines perseguidos por esas instituciones; más en concreto, se lamentaba de la inexistencia de estructuras económicas desarrolladas (industria y artesanado), así como del carácter marcadamente rural de sus habitantes, reacios a cualquier alteración de los usos y costumbres de sus antepasados: «Sería de suma utilidad el establecimiento de una Sociedad Económica, como propone el nominado procurador personero del común. Pero dificulto mucho pueda lograrse en una población de las cualidades que dejo indicadas, faltando operarios e inclinación a todo lo que no sea agricultura por el método que lo ejecutaron los padres y abuelos de estos naturales.»

Por su parte, el corregidor de la ciudad don Máximo Terol de Domenec, quizá por un conocimiento más exacto y exhaustivo que el del intendente, se mostró escéptico a los deseos de establecer la Sociedad. En su carta al fiscal del Consejo de Castilla de 2 de diciembre de 1797 llegó a calificar la iniciativa del procurador síndico de platónica; su informe es, sin duda, demoledor y el de contornos más oscuros de la realidad de Ciudad Real del setecientos: «La formación de Sociedad Patriótica de Amigos del País en Ciudad Real -significaba el corregidor- entiendo ser una idea platónica, inadaptable al país, porque la ciudad es de su naturaleza pobre, de cortísimo vecindario, sin Universidad, sin Colegiata, sin Catedral, y por consiguiente, sin sujetos de todo fondo de literatura y demás cualidades necesarias a los individuos de semejantes cuerpos.»

No obstante los adversos informes del intendente y corregidor, el Consejo de Castilla continuó el expediente de creación de la Sociedad Económica; la insistencia de tan alta magistratura de la monarquía, es sólo comprensible por el deseo del Estado en utilizar la Sociedad como instrumento al servicio de sus intereses en un momento de crisis de las estructuras del Antiguo Régimen. De hecho, el 15 de abril de 1798 el fiscal del Consejo comunica al ayuntamiento de la ciudad que, con auxilio del corregidor, insista en un nuevo plan conducente al establecimiento de la mencionada Sociedad Económica, comunicándole los avances de proyectos y los objetivos propuestos para el desarrollo de la ciudad. Estas recomendaciones del fiscal fueron asumidas por el Consejo de Castilla en pleno y remitidas en forma de decreto al concejo de Ciudad Real el 20 de abril de ese año.

Tanto el ayuntamiento como el corregidor se mostraron contrarios a las tesis del gobierno central; el pleno del ayuntamiento de 30 de agosto de 1798 se reafirmó en la inviabilidad de la iniciativa, remitiéndose al informe emitido anteriormente por el intendente de la provincia: «En cuanto al establecimiento de la Sociedad Económica se remite la ciudad a lo expuesto por el caballero intendente en su informe de 6 de junio del año inmediato pasado». A partir de ese momento el proyecto de Sociedad Económica será una continua pugna entre un Consejo de Castilla deseoso de llevarlo a efecto, y unas autoridades locales (ayuntamiento y corregidor) opuestas al mismo.

Estamos, pues, ante un modelo de análisis historiográfico apasionante por lo insólito de las posturas. Porque lo habitual en los procesos de creación de las Sociedades Económicas fue que los impedimentos vinieran del Consejo de Castilla y de la Sociedad Matritense, pero jamás que un ayuntamiento se opusiera con tanta tenacidad a ser sede de Sociedad Económica. De hecho, en el caso de Quintanar de la Orden, fue el Consejo -ante las protestas municipales- el que transformó la petición de Sociedad Económica en junta de Caridad. En Ciudad Real, por el contrario, el Consejo concedía una Sociedad Económica y las autoridades exigieron su transformación en Casa de Corrección de mujeres, como más adelante veremos. En definitiva, primaron los recelos políticos del concejo y corregidor ante una institución que, por sus privilegiados vínculos con el Consejo de Castilla, podía romper el monopolio del poder existente tanto en la localidad como, especialmente, en las relaciones con la corte.

Entre 1798 y 1802 el proyecto de Sociedad quedó absolutamente paralizado. No obstante, el 2 de abril de 1802 de nuevo del Consejo de Castilla remueve el expediente y, por dos cartas dirigidas al ayuntamiento de Ciudad Real y al intendente de la provincia de La Mancha, insiste en la puesta en marcha de la Sociedad Económica, ordenando al concejo que le informe de los arbitrios y fondos disponibles para su funcionamiento. El intendente Francisco de Barrientos comunicó al Consejo el 9 de abril de 1802 que propondría los arbitrios convenientes al proyecto; el ayuntamiento, en cambio, ignora la propuesta escudándose en la grave crisis económica de la localidad y en la necesidad -más perentoria que la Sociedad Económica- de una Casa de Corrección para mujeres delincuentes: «No se halla (la ciudad) por ahora para sufrir impuesto o arbitrio que de un modo ni otro sufra el vecindario y cree que por el mayor vicio y abandono de mujeres en esta capital de provincia respecto otros pueblos de ella... Se solicite alguna dotación moderada por ahora para ayudar al sustento de doce o catorce mujeres las más viciosas, amonestadas y apercibidas por la justicia una y otra vez, a las que se les haga trabajar, y de una retoza, ayudante, criada y portero que, en el caso de tenaz insubordinación y alboroto contra la rectora, puedan auxiliarla.

De nuevo el proyecto de Sociedad quedó paralizado otros cuatro años, hasta que el 18 de agosto de 1806 el Consejo de Castilla se dirige al intendente y ayuntamiento recordándoles la necesidad de que propongan los fondos necesarios de propios para el establecimiento de la Sociedad Económica; la actitud del concejo de Ciudad Real e intendente de la provincia ante la incitativa del fiscal del Consejo fue significativa y nos evita cualquier interpretación atrevida: el silencio. El 13 de enero de 1807 el Consejo renovó sus peticiones, recordando las gestiones iniciadas en 1802 y 1806; ante esta incitativa, el corregidor don Valentín Melendo Gómez informó que se encontraba realizando las gestiones oportunas; sin embargo, el ayuntamiento hizo oídos sordos a las demandas de Madrid. Ante la insistencia de la alta institución consultiva, el concejo de Ciudad Real contestó en un tono absolutamente negativo: «Y en punto al particular de Sociedad Económica que se refiere, no halla otro arbitrio que la apertura de una suscripción voluntaria de socios, respecto a no hallarse el vecindario en disposición de franquear caudales al efecto, sin embargo de contemplar le resultaría de ello conocida utilidad, y que cuando se hizo la propuesta por el personero, sería otro el estado de la ciudad.»

Ante las reticencias del ayuntamiento, el fiscal del Consejo de Castilla admitió por fin la inviabilidad del proyecto de Sociedad Económica, aunque, como último recurso, solicitó que se sondease al vecindario acerca de la posibilidad de aparición de socios voluntarios: «En estas circunstancias -señalaba el fiscal del Consejo- podrá encargarse al corregidor y ayuntamiento dispongan se publique una invitativa al vecindario para este establecimiento, admitiendo a los que se ofrecieren alistarse.» Los resultados fueron tan negativos como la actitud manifestada hasta ese momento por el corregidor y el concejo; además, el estallido de la Guerra de Independencia sepultó definitivamente la idea de establecer una Sociedad Patriótica de Amigos del País en Ciudad Real. De hecho, el propio Consejo de Castilla cerró el expediente el 3 de febrero de 1809, cuando se ordenó que dicho expediente fuese trasladado al ministro de lo Interior interino de justicia.

Ante estos hechos, cabe preguntarse sobre la causa del fracaso del proyecto de Sociedad Económica; a partir de los informes y otra documentación complementaria consultada, podemos considerar la existencia de tres causas fundamentales: los intereses opuestos a la Sociedad proveniente de la oligarquía local, la prelación de otros proyectos más importantes a los intereses del ayuntamiento y, en tercer lugar, la carencia de fondos económicos municipales con que dotar a la Sociedad Patriótica. Hemos de partir de un hecho incuestionable: las Sociedades Económicas fueron diseñadas como un instrumento privilegiado de dialogo y colaboración entre los ambientes locales y el poder central. De hecho, los gobiernos ilustrados -especialmente durante el reinado de Carlos III-vieron en las Sociedades un colaborador de sus planes de reforma, demandándoles informes y propuestas para el desarrollo económico y social del país; ello no pasó inadvertido a las autoridades locales que frecuentemente recelaron el papel que podían desarrollar los amigos del país. Ello da coherencia a la oposición del ayuntamiento de Ciudad Real y de las autoridades territoriales de la provincia a la propuesta inicial del procurador síndico, pues vieron la Sociedad Económica como un enemigo que podría resquebrajar su monopolio de gestión y poder ante la corte.

Además, no debemos descartar una atractiva hipótesis que daría coherencia a la oposición de la oligarquía y autoridades ciudarrealeñas al proyecto de Sociedad Patriótica: los resabios ante el papel que podría haber desarrollado el clero. En efecto, no es descartable que los oligarcas locales vieran a la Sociedad como un instrumento del arzobispo de Toledo de control y supervisión de la vida económica, social e institucional de la ciudad; estas prevenciones eran lógicas desde el momento que el estamento eclesiástico era un grupo muy proclive a participar y, sobre todo como se demostró en la experiencia de la Sociedad Económica de Toledo, controlar la dirección de estas instituciones. A ello se añadía la peculiar personalidad del arzobispo de Toledo (Lorenzana) muy vinculado a este tipo de experiencias ilustradas.

La segunda causa del fracaso del proyecto carolino fue la prelación de los problemas que acuciaban a la sociedad ciudarrealeña a fines del Antiguo Régimen; es indudable, por los testimonios de la época, que tanto para el ayuntamiento como para el corregidor el orden público despertaba un interés superior al establecimiento de la Sociedad Económica. En efecto, como ha señalado Espadas Burgos, el tránsito del siglo XVIII a XIX fue un momento crítico para Ciudad Real: malas cosechas, hambres, desórdenes públicos, aumento de la prostitución, inseguridad... esto es, el incremento de una conflictividad social predibujada desde los acontecimientos de 1766. El deterioro social debía ser ab soluto con disturbios y actos delictivos frecuentes; en su informe al Consejo de Castilla el corregidor señalaba: «... cortando de raíz el latrocinio, ruidos nocturnos y de todo vasallo que en horas irregulares de la noche podía infundir sobresalto, cuya feliz época ha dinamado del establecimiento de un rondín que... se halla formado con tal actividad que desde el anochecer hasta las horas más altas existe una atalaya exterminadora del delito.» A esto se añadía un problema que había alcanzado enorme dimensión y gravedad: la prostitución y sus secuelas, especialmente el aumento de niños expósitos, aunque este último problema no cabe relacionarlo en su integridad con el de prostitución, toda vez que por los registros de abandono de niños -incluidos en los libros de cuentas municipales- hemos obtenido una conclusión significativa: la época del año con el volumen más alto de expósitos coincidía con el período de mayores penurias y carestías.

Por último, en tercer lugar, influyó en el fracaso del proyecto de Sociedad Económica la situación hacendística del ayuntamiento. La hacienda municipal de Ciudad Real a fines del Antiguo Régimen vino caracterizada por el progresivo endeudamiento, los frecuentes fallidos de los arrendadores de propios y arbitrios, el incremento de los salarios y, sobre todo, por la fuerte repercusión de la fiscalidad del Estado en el balance final de las cuentas municipales.

Pese a estas causas señaladas, cabe añadir otra que se nos antoja fundamental: la escasa receptividad de la sociedad de Ciudad Real a los presupuestos ilustrados. Ya en su informe de 1797 el corregidor precisaba la inadecuación del proyecto de Sociedad Económica con las condiciones sociales y profesionales de la ciudad: falta de clérigos, profesionales cualificados, comerciantes, universitarios, personas de «literatura»... Esto es, faltaba el fermento social que necesitaban Las Luces para su cultivo. Porque, eso es indudable, se hablaba de Luces, de Ilustración, pero por lo común se careció del conocimiento excto del significado, funciones y objetivos de la política reformista; da la impresión que el término «Las Luces» era para ellos una especie de sanalotodo, un recurso esotérico para superar una realidad mediocre y frustrante.

Por ello, más que de ilustrados, podríamos hablar de «ilustrables». El ilustrable fue, en nuestra opinión, una persona deseosa de transformar su entorno, ilusionada con las proclamas reformistas del gobierno ilustrado con quien quería colaborar, contagiado por el optimismo y expectativas de Las Luces, pero incapaz de asumir intelectualmente los principios básicos ilustrados, y, menos aún, aplicarlos a una realidad -mental, social y económica- que le condicionaba hasta inmovilizarlo, quizá como consecuencia de sus propias contradicciones y resabios.

Acabada la época ilustrada, durante el primer tercio del siglo XIX no se planteó la idea de crear una Sociedad Económica. En su informe de 1834 el intendente de La Mancha en su informe al Consejo de Castilla precisaba: «En esta provincia no he podido contar para este trabajo con la cooperación de la Sociedad Económica que no existe, y menos con las luces particulares, que o carecen de todo conocimiento científico en la materia, o si los tienen es en otras que no hacen directamente al caso presente.» Fue, sin embargo, en 1834 cuando se creó por primera vez en Ciudad Real una Sociedad Económica, aunque ya muy alejada de los presupuestos del periódo reformista de Carlos III.

El proyecto del siglo XIX sólo tuvo en común con las experiencias de la centuria anterior el nombre de la institución; en pleno siglo XIX la situación política había cambiado completamente, siendo utópica la pretensión de condicionar los cambios sociales y económicos con los criterios de los gobiernos ilustrados. En definitiva, el surgimiento de la Sociedad Económica de Ciudad Real obedeció a los intereses políticos de la oligarquía local interesada en agrandar sus posibilidades políticas en Madrid, aprovechando que el Estatuto Real (1834) adscribía un escaño en Cortes a cada Sociedad Económica. De hecho, la vida institucional de la creada Sociedad debió ser nula o simbólica, y el único testimonio de ella fue la obra de uno de sus socios, don Diego Medrano Treviño, que en 1843 publicó la obra Consideraciones sobre el estado económico, moral y político de la provincia de Ciudad Real, dedicadas a la Sociedad Económica de Amigos del País de la misma provincia en 30 de abril de 1841.

La ilustración y los problemas sociales: La Real Casa de la Caridad

Además de la frustrada y tardía experiencia de la So ciedad Económica, quizá la iniciativa ilustrada de mayor envergadura y eficacia en el Ciudad Real del siglo XVIII fuera el establecimienta de la Real Casa de la Caridad, obra directísima de una de las grandes figuras de la Iglesia ilustrada española: el. cardenal Lorenzaba, arzobispo-de Toledo. Para los ilustrados los aspectos relacionados con la mendicidad constituyeron uno de los ejes de su programa de transformación radical de la sociedad española. Para ellos el concepto de beneficiencia --hasta entonces vinculado con la caridad- debía ser reelaborado asociándolo con el principio de la utilidad; esto es, el mendigo y el pobre no deberían recibir la sopa boba sin realizar nada a cambio, sino ganársela como aprendices o realizando alguna labor útil a la sociedad: «acentuando el sentido económico -como señala Domínguez Ortiz- y disminuyendo el piadoso que había inspirado tantas instituciones caritativas.» Porque, en efecto, la tradicional actitud de la obra benéfica de la Iglesia, apoyada en limosnas, obras pías y un sin número de instituciones asistenciales, era lesiva a los presupuestos ilustrados, desde el momento que permitía que una parte apreciable de los desposeídos pudieran sobrevivir sin necesidad de vender su fuerza de trabajo.

Pese a estas divergencias, la administración ilustrada prefirió el apoyo y colaboración de la Iglesia que un enfrentamiento estéril en el asunto de dar ocupación a los pobres. Además, dentro de la jerarquía eclesiástica -pese a la existencia de algún grupo reticente- fue prevaleciendo la opinión de un sector crecientemente mayoritario de cardenales y obispos de adscripción ilustrada deseosos de colaborar con la monarquía. En este contexto cabe inscribir la fundación de la Casa de la Caridad en Ciudad Real.

Hasta ese momento la actividad benéfica en Ciudad Real apenas si había evolucionado respecto a los siglos anteriores. A través de las cuentas de la hacienda municipal sabemos que las prestaciones benéficas del concejo eran casi simbólicas: se limitaba a recoger a los niños abandonados, sufragar su amamamtamiento inicial (aproximadamente tres meses) para remitirlos posteriormente a ciertas instituciones eclesiásticas de Toledo. El grueso de la actividad benéfica descansaba, pues, en fundaciones y patronatos bajo el control de la Iglesia. Estas instituciones, aunque numerosas, observaban a fines del Antiguo Régimen un deterioro absoluto; como señala Higueruela, lejos de cooperar a solucionar el problema de la pobreza y mendicindad, lo entorpecían y agravaban. Muchas de ellas no cumplían los fines institucionales, otras lo hacían con tal favoritismo que de benéficas sólo tenían el nombre. Algunas habían quedado mermadas en sus rentas con el paso del tiempo y no pocas estaban paralizadas por falta de una inteligente administración, cuando no lo estaban en perpetuos litigios que disminuían sus caudales o se limitaban a pequeñas parcelas de una caridad mal entendida y contradictoria con el nuevo concepto de beneficiencia.

Según el informe realizado en 1777 por el vicario y el corregidor de Ciudad Real todos los patronatos y fundaciones deberían suprimirse destinando sus bienes y rentas al proyecto de la Casa de Caridad. A través de dicho informe conocemos la situación de la beneficiencia en Ciudad Real; así, por ejemplo, la casa-hospital de San Blas hacía tiempo que se encontraba abandonada y sus rentas y propiedades incorporadas a la parroquia de San Pedro; la rica fundación llamada de las «Higueras (adscrita a la parroquia de Santa María), y destinada a dotar a doncellas, apenas si había realizado algunos de sus fines; en esa misma parroquia la fundación de doña Beatriz de Loaísa, con varias propiedades rústicas y censos con un capital de casi 5.000 reales, se limitaba -según su administrador- a celebrar varias misas y pagar los honorarios a los patronos. En ocasiones, los objetivos iniciales de beneficiencia se habían convertido en saneados medios de vida para ciertos privilegiados; así ocurría con la fundación Mena o colegio de «pobres ancianos nobles», que con un capital estimado en 80.000 reales era, en la práctica, un apetecible retiro para dos o tres hidalgos ociosos y venidos a menos. Igual ocurría con la obra pía del licenciado don Gaspar de Dueñas, dotada con propiedades y censos destinados originariamente a sufragios y socorro de menesterosos; en realidad, el administrador don Francisco de Rada se limitaba a ordenar varias misas y favorecer a su familia.

Ante este panorama el vicario de Ciudad Real señalaba, en el informe de 1779 dirigido el arzobispo de Toledo, la necesidad de centralizar todas estas fundaciones y obras pías, exigir responsabilidad a los mayordomos de las mismas y, sobre todo, centralizar las propiedades y rentas en la futura Casa de Caridad: «Nadie mejor que Su Excelencia sabe, por haberlo palpado, la urgente necesidad de erigirse una Casa de Caridad en esta provincia, donde casi toda la subsistencia de sus habitantes depende del pan y vino, y se ve por experiencia que, en faltándoles la cosecha de estos dos frutos, todo es hambre, trabajos y miseria, como sucede en el presente año».

A esta actitud del clero se unieron los deseos de las autoridades civiles; en ese mismo año de 1779 se intentó crear una Junta de Caridad; sin embargo, el éxito de esta iniciativa debió frustrarse, pues en 1785 -a instancia de una real cédula de Carlos III, que ordenaba la constitución de juntas de Caridad en cada capital de provincia- consta que en Ciudad Real se carecía de una institución de este tipo, manifestando el concejo que se llevaría a efecto cuando se concluyesen las obras, entonces en curso, de la Casa de Misericordia.

Para el cardenal Lorenzana, la constitución de la Casa de Caridad en Ciudad Real era un paso más de un proyecto de más largo alcance, que preveía la erección de este modelo de institución benéfica en las localidades más significativas del arzobispado. En 1784 el vicario de Ciudad Real don Miguel Ochoa comunicaba al cardenal la elección del solar para la edificación de la Casa, y la adscripción entusiasta de las autoridades locales al proyecto: «Todos, y con especialidad los principales del pueblo, han reunido sus votos en favor de un establecimiento tan necesario como útil y ventajoso a toda la provincia».

Pese a la presión de la ciudad de Almagro, que recabó para sí la Casa de Caridad argumentando que en época de Fernando VI se prometieron 200.000 reales para erigir una institución de análogos fines, el arzobispo se decantó por la opción de Ciudad Real. En ello influyó, sin duda, la tradicional rivalidad entre el arzobispo y las Ordenes Militares; de hecho, las autoridades capitalinas utilizaron este argumento para decantar a su favor la decisión final de Lorenzana, aunque su posición estaba condicionada desde su visita personal a Ciudad Real en 1777.

Fachada de la Casa de la Misericordia, fundación del Cardenal Lorenzana (1788). Dedicada luego a cuartel de Artillería, será la sede del Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El lugar elegido para la edificación de la Casa fue de la total aceptación del aparejador don Eugenio López Durango, que insistió en sus favorables condiciones para el acarreo de agua y materiales de construcción. Asimismo, el concejo prestó la máxima colaboración cediendo, incluso, una parte de la vía pública, «que llaman del Combro, contigua al sitio proyectado». Las obras estaban ya iniciadas a fines de 1784 gracias a 300.000 reales gestionados y obtenidos por Lorenzana de la Colectura de Expolios y Vacantes. Posteriormente se obtuvieron otros 120.000 reales. En definitiva, el edificio costó más de un millón de reales, una suma astronómica para la época; ello confirma, una vez más, la enorme influencia y prestigio del purpurado toledano ante la corte. Pese a varias paralizaciones de obras, el edificio estuvo concluido en abril de 1788, siendo inaugurado por el propio Lorenzana en la visita a Ciudad Real el día 30 del citado mes. El edificio era magnífico y causó asombro en su época; todos señalaron la novedad de su traza y la enorme solidez; la historia -a través de los múltiples y variados fines a que ha sido destinado- lo confirma plenamente.

Una vez construida, el problema para la viabilidad de la Casa de Misericordia era de conservación y funcionamiento, para lo que se requería un severo plan de financiación. Este fue, desde el principio, el problema fundamental; de hecho, aunque inaugurada en 1788, la Casa seguía sin funcionar ante la falta de fondos en julio de 1790, cuando el ayuntamiento expuso la situación de inactividad al propio cardenal primado. Inicialmente se consideró establecer un plan económico con la adscripción a la Casa de Caridad de los fondos de memorias y fundaciones pías, el producto de multas a perjuros y delincuentes y, sobre todo, las cantidades gastadas inútilmente por un sinfín de gremios, hermandades y cofradías. No obstante, en la práctica, la Casa comenzó a realizar sus funciones gracias a los favores personales del cardenal Lorenzana.

Este no sólo aportó cantidades a título personal, sino que intentó y obtuvo que las autoridades de la corte (singularmente el conde de Floridablanca) influyeran ante la real hacienda para que se dispensase a la Casa del pago de ciertos impuestos, especialmente sobre artículos de consumo y materiales textiles. Posteriormente, el cardenal consiguió ciertos beneficios económicos en favor de la institución con gestiones directas ante Godoy; asimismo, el ayuntamiento dotó a la Casa de ciertos fondos sobre el pósito de la ciudad. Pese a ello, el problema económico nunca se resolvió satisfactoriamente, y en esta circunstancia hay que buscar el origen de su temprana decadencia e inacción, que se aceleró con la desaparición de Lorenzana del arzobispado de Toledo.

La Casa de Misericordia, según el plan ideal diseñado por Lorenzana, debía constituir no sólo un remedio para atajar la pobreza y mendicidad, sino -como proyección de la concepción ilustrada de la asistencia social- un vehículo para el bienestar material, para el desarrollo educativo y, en definitiva, ser foco de cultura y prosperidad para toda la sociedad. Al amparo de la Casa se diseñaron algunos proyectos, todos ellos condenados de antemano al fracaso; así, por citar un ejemplo significativo, el aparejador don Pedro Sánchez Moya pretendió en 1793 crear una Escuela de Arquitectura, de la que pronto nada más se supo. No obstante, en su corta existencia, la Casa de Caridad logró cierta actividad en el terreno educativo y en la ocupación profesional de ciertos grupos sociales menesterosos.

En el plano educativo, la labor de la Casa de Caridad se centró en llevar a efecto el ideal de su fundador, para quien la educación constituía la columna vertebral del proyecto de felicidad pública, que sin duda se obtendría con la erradicación de la ignorancia: «Casi todos los miserables efectos que se experimentan y lloran en sus reinos -señalaba Lorenzana- provienen de la falta de instrucción en los principales puntos de nuestra religión católica, de la ignorancia de las respectivas obligaciones de cada estado, y de hallarse con tal barbarie, que no sólo ignoran los misterios de la Fe, sino aún la dignidad del hombre, la nobleza de las potencias de su alma, lo que es ser sociable y vivir con los demás hombres, lo que es una familia y un pueblo, y en qué consiste la felicidad humana». La Casa se dedicó, pues, a la educación fundamentalmente de las niñas (los niños eran requeridos en las labores agrícolas) y al acogimiento de mujeres dedicadas a la prostitución, que fueron ocupadas en labores manufactureras como medio de rehabilitación.

Pero, sobre todo, la labor asistencial de la Casa de Caridad giró en torno a la fabricación de manufacturas de lana, cáñamo y esparto. La producción, especialmente de costales para los cereales, siempre fue inferior a la demanda, debido a los excelentes precios de venta de las manufacturas. Ello permitió que la Casa viviera momentos de prosperidad en 1793-1794, con más de 100 acogidos y buen rendimiento de sus producciones. Sin embargo, esta breve época de bonanza. dio paso enseguida a momentos críticos que presagiaban la liquidación de la experiencia ilustrada; ya en 1788 -cuando todavía no se había inaugurado la Casa- el gobierno pensó en utilizar el magnífico edificio como presidio, proyecto que sólo pudo ser frenado por los desvelos de Lorenzana.

En 1796 hubo un nuevo intento desde la corte de transformar la Casa en acuartelamiento de la brigada de carabineros; en ese momento, la situación económica de la Casa de Caridad era angustiosa ante el incremento de los costos de mantenimiento y provisión de materias primas para las fábricas. En 1799 la institución observaba una crisis y decadencia absolutas. Los informes del director don Pedro Sánchez del Pulgar son elocuentes de ello; en carta dirigida al obispo auxiliar (Lorenzana se encontraba en Italia) exponía: «La situación actual de esta Real Casa me pone en precisión de molestar a vuestra merced, y hacer presente el lastimoso estado en que la tiene constituida la falta de auxilios para sostenerse. Hace bastante tiempo no anda en la fábrica más que un telar... el mayordomo clama exponiéndome no tener con que mantener a los pobres, ni pagar los salarios a los empleados...». Desde ese momento, el fin de la Casa de Caridad fue un hecho, que se consolidó con la Guerra de Independencia; en efecto, el 27 de marzo de 1809 las tropas francesas del general Sebastiani ocuparon la ciudad, utilizando el edificio de la Real Casa como cuartel.

Distribución de la propiedad de la tierra en Ciudad Real a mediados del siglo XVIII: 1. Nobleza y cargos perpetuos de honra (42,85 %). 2. «Dones» y cargos perpetuos menores (3,16 %). 3. Resto del estado general (12,47 %). 4. Propiedad patrimonial del clero (1,21 %). 5. Conventos (4,57 %). 6. Disposiciones y obras piar (5,80 %). 7. Beneficios, capellanías, memorias, patronatos y otras instituciones eclesiásticas (10,04). 8. Iglesias y ermitas (1,55 %). 9. Propios y comunes de la ciudad (18,34 %).